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El desafío docente

El rol de la educación en el desarrollo de los países y en la generación de bienestar para su población es enorme. Cuando se imparte como es debido, esta reporta muchos beneficios para las economías y para la sociedad en su conjunto, pues posibilita una mayor remuneración de los factores productivos, lo que se refleja en el bienestar de su población y en el crecimiento de la economía (BID, 2016). En el caso de las personas, fomenta el empleo, la disminución de la informalidad, la obtención de ingresos y la salud; mientras que, a nivel social, impulsa el crecimiento econó- mico a largo plazo, reduce la pobreza, estimula la innovación, fortalece las instituciones y promueve la cohesión social (Banco Mundial, 2018). Una mala educación, por otra parte, puede convertirse en un cuello de botella para el proceso de transformación productiva si el capital humano es escaso o no tiene la calidad y pertinencia suficiente (Hausmann y Rodrik, 2006; Rodrik, 2008).

En los últimos años, Colombia ha decidido priorizar la educación como uno de los temas más relevantes de su agenda de desarrollo. Esto se refleja, en parte, con la decisión de asignarle a este rubro la mayor participación en el Presupuesto General de la Nación, superando incluso al sector Defensa. Desde 2010, el Gobierno nacional ha incrementado en cerca del 27% en términos reales las apropiaciones presupuestales destinadas a educación. Para 2017, este era el rubro con mayor asignación de recursos, $33 billones.

De otro lado, más allá de lo presupuestal, tanto el Ministerio de Educación (Mineducación) como el Gobierno nacional han promovido una visión para que el país se convierta en el más educado de América Latina para el año 2025 y han establecido una serie de líneas estratégicas para lograrlo, que cubren desde política docente, calidad educativa y educación inicial, hasta modernización de la educación media y el financiamiento de la educación superior (Mineducación, 2015).

A esto se suman importantes esfuerzos desde la sociedad civil, como el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, que coinciden temporalmente con lo anterior. En este plan se priorizan desafíos relacionados con la formación docente, el uso de nuevas tecnologías para apoyar la enseñanza, el cierre de brechas urbano-rurales y la construcción de lineamientos curriculares, entre otros, así como recomendaciones que el Gobierno debe considerar para establecer su estrategia educativa en los próximos años.

Se suma a lo anterior el esfuerzo que desde distintos escenarios se viene haciendo en el marco del posconflicto, pues la educación es un pilar esencial para lograr una paz estable y duradera en aquellas zonas que han sido asediadas por la violencia y la criminalidad durante décadas. El acceso, la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación en esos territorios determinarán en buena medida la generación de riqueza, la atracción de inversión productiva y la creación de empleo formal que apalanque su desarrollo en los próximos años.

Sin embargo, más allá de lo anterior, persisten retos enormes en el sistema educativo que impiden al país estar a la vanguardia de la educación cuando se compara con otras naciones similares. Si Colombia no consigue avanzar decididamente en estos aspectos, será difícil cumplir el objetivo planteado a 2025 así como sentar las bases para una mayor prosperidad económica.

Uno de los principales desafíos para que Colombia sea efectivamente la más educada está relacionado con el factor docente, aspecto con el que coinciden distintos actores gubernamentales, empresariales, académicos y de la sociedad civil en general. Contar con un capital humano docente con las competencias idóneas es determinante para lograr una educación de mayor calidad y pertenencia que permita que Colombia siga progresando. Esto es especialmente cierto en un escenario de transformación acelerada de la economía, como el que plantea la denominada Cuarta Revolución Industrial (Schwab, 2016), en donde muchos trabajos son susceptibles de ser remplazados por procesos mecanizados y automatizados (Frey & Osborne, 2013). Por lo tanto, resulta fundamental que los docentes puedan fomentar el desarrollo de las potencialidades y competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales de los niños y jóvenes del país, además de otra serie de habilidades que serán determinantes para su futuro.

En ese sentido, el nuevo gobierno debe avanzar con una serie de acciones, tanto públicas, como regulatorias que permitan, efectivamente, tener un mejor capital humano docente. A continuación, se exponen algunas de ellas:

En materia de educación inicial, el Mineducación trabajó en los últimos años en el desarrollo de un modelo de medición de la calidad de la educación inicial y preescolar en Colombia que incluye, entre otros factores, el talento humano que presta servicios para atender a los niños entre cero y seis años. Si bien esto representa un avance satisfactorio, es deseable que se pueda llegar a una evaluación individualizada que sea la base para definir estrategias para mejorar las competencias de este personal, especialmente para aquellos que se desempeñan en las diferentes modalidades de educación inicial del ICBF.

A lo anterior puede contribuir la publicación del catálogo de cualificaciones del subsector de educación inicial por parte de Mineducación. En la medida en la que este sea apropiado por los programas de licenciatura del país, escuelas normales y el Sena, y sirva como herramienta para la certificación del personal que preste estos servicios, podría ayudar a mejorar las competencias de los agentes educativos en los próximos años, bien sea a través de la educación formal o de programas de capacitación.

También es fundamental que se incentive el ingreso de mejor capital humano a la carrera docente para los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media. Diferentes estudios han evidenciado que quienes ingresan a esta no son los que obtienen los mejores desempeños en las pruebas estandarizadas, tanto al comienzo, como al final de las licenciaturas (Barón, Bonilla, Cardona-Sosa y Ospina, 2014; García, Maldonado y Rodríguez, 2014; Figueroa et al., 2018). Lo anterior es especialmente crítico para los municipios más alejados, donde los docentes allí ubicados tienden a tener menores niveles educativos que sus contrapartes en zonas urbanas (Figueroa et al., 2018).

Estrategias de financiamiento a la demanda que incentiven a que bachilleres con desempeños sobresalientes en pruebas estandarizadas estudien programas de licenciatura con acreditación de alta calidad, así como un mayor reconocimiento social a la labor docente, pueden hacer atractivo el ingreso de los jóvenes a esta profesión.

Adicionalmente, debe avanzarse de manera más contundente en el nombramiento de profesores de planta a través de concursos docentes y establecer procesos meritocráticos para los nombramientos provisionales a través del Banco Nacional de la Excelencia, pues la contratación de estos últimos no está determinada por la aprobación de un examen de ingreso y tienen impactos negativos en el desempe- ño de los estudiantes (Brutti y Sánchez, 2017). Entre 2008 y 2013, cerca del 30% de los profesores que estaban regidos por el estatuto de 2002 (Decreto 1278/2002) se encontraba en provisionalidad. Actualmente, 15% de las vacantes docentes están en esta situación (Figueroa et al., 2018).

Lo anterior debe ir de la mano de garantizar una evaluación docente que cobije a toda la planta del país, tanto a los que se rigen por el nuevo estatuto (Decreto 1278/2002), como a quienes pertenecen al antiguo (Decreto 2277/1979). Si bien se han hecho adelantos significativos en los últimos años, especialmente en lo relacionado con la evaluación de competencias de los docentes del nuevo estatuto para poder ascender en el escalafón a través de la observación de la práctica en el aula (Decreto 1075/2015) aún se debe garantizar su correcta implementación y que estos reciban retroalimentación y acompañamiento para mejorar sus habilidades pedagógicas y sus conocimientos disciplinares a partir de esta (formación
en servicio).

Adicionalmente, se debe mejorar la calidad de los programas de formación de docentes. Aunque el Mineducación ha intentado establecer unos parámetros mínimos de calidad para los programas de licenciatura del país y hacer obligatoria su acreditación en alta calidad, sus esfuerzos han resultado infructuosos. Dado esto, es necesario establecer, con la participación de las universidades, unos criterios de calidad para poder ofertar programas de licenciatura en el país y las competencias mínimas que deben desarrollar los aspirantes a educadores. También es deseable que Mineducación avance en el acompañamiento técnico y financiero de las universidades para lograr que las licenciaturas puedan obtener la acreditación de alta calidad en el plazo que se estipule.

También se debe mantener y fortalecer el programa Todos a Aprender, cuyo propósito es mejorar los aprendizajes de los estudiantes de transición y primaria de establecimientos educativos de bajo desempeño en lenguaje y matemáticas, a través del fortalecimiento de las prácticas de aula por parte de los docentes. Este programa ha mostrado tener impactos positivos en el aprendizaje, especialmente en zonas rurales, según una evaluación llevada a cabo por la Universidad de los Andes (Mineducación, 2018a). Sólo en 2017, Todos a Aprender acompañó y formó a más de 92 mil docentes de 4.200 establecimientos educativos en 2017.

Colombia tiene un sinnúmero de retos en materia educativa que debe sortear para convertirse en el país más educado a 2025. Dentro de estos, los relacionados con garantizar un mejor capital humano docente son fundamentales. El Gobierno entrante tiene la oportunidad de avanzar en estos temas y contribuir así a que la educación que se imparta en el país sea cada vez de mejor calidad y más pertinente. Esto no sólo posibilitaría un mejor futuro para los niños y jóvenes, sino que irrigaría un mayor bienestar para todos los colombianos. RM

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Rosario Córdoba Garcés

Presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Fue directora de la Revista Dinero. Obtuvo el Premio ANIF al periodismo Económico en seis ocasiones. Fue asesora del Ministro de Hacienda y Crédito Público.

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