Escrito por la ministra de educación, María Fernanda Campo. Se explica detalladamente la ley 620 del 15 de marzo de 2013 que busca reglamentar la convivencia escolar y crear en los establecimientos educativos un ambiente propicio para el respeto de los derechos humanos y la formación para la ciudadanía.
Hacer de Colombia un país más justo y más próspero es el objetivo fundamental que se ha trazado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En ese propósito, la educación juega un papel fundamental, pues tiene el poder de transformar vidas y de generar movilidad social.
Por ello, desde 2010, la apuesta del Ministerio de Educación Nacional es por una educación de calidad, concebida como aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz.
Desde ese enfoque y el de competencias que orientan las políticas educativas del país, la convivencia escolar es el aspecto más importante para el logro de una formación ciudadana acorde con las necesidades de transformación de nuestra cultura, en términos sociales y en términos políticos.
Cuando hablamos de ciudadanía no solo nos referimos a la posibilidad de ejercer derechos y deberes, sino también a la posibilidad de crear, de manera colectiva, alternativas para el logro de objetivos comunes. Hablamos de desarrollar en los estudiantes habilidades para escuchar activamente, para ponerse en el lugar de los otros y reflexionar críticamente sobre los contextos sociales desde diversas perspectivas; siendo capaces de valorar las diferencias y los conflictos como oportunidades para aprender y crear alternativas para su resolución pacífica y constructiva.
En este sentido, y reconociendo la necesidad de promover en todos los establecimientos educativos del país una convivencia escolar propicia para el ejercicio de los Derechos Humanos y la formación para la ciudadanía, el Ministerio de Educación, a través de los programas transversales y de competencias ciudadanas, ha fortalecido y acompañado a las 94 Secretarías de Educación certificadas del país y ha beneficiado a cerca de 8.000 establecimientos educativos y más de 400.000 estudiantes.
Sin embargo, con el fin de consolidar aún más el reto de mejorar la convivencia y de estructurar un marco político y operativo que oriente la creación de los escenarios propicios para lograrlo, se expidió la Ley 1620 de 2013 o Ley de Convivencia Escolar, a través de la cual se crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”.
Una responsabilidad compartida
La Ley de Convivencia Escolar permite establecer un marco normativo que desarrolla el principio constitucional de la responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad, la familia y los establecimientos educativos en la formación ciudadana, ya que define, en los niveles nacional, territorial e institucional, la creación de comités de convivencia escolar cuya función primordial es promoverla, así como prevenir, atender y hacer seguimiento a aquellas situaciones que la afectan.
La convivencia escolar es el aspecto más importante para el logro de una formación ciudadana acorde con las necesidades de transformación de nuestra cultura
El Comité Nacional de Convivencia Escolar está conformado por los Ministerios de Educación Nacional, de Salud y Protección Social, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Cultura, así como por el director del ICBF, el Defensor del Pueblo y dos rectores de las instituciones educativas oficiales y no oficiales con los mayores puntajes en las Pruebas Saber 11, del año inmediatamente anterior. Entre sus funciones están la coordinación de los comités de convivencia escolar a nivel territorial y escolar; la garantía de la ruta de atención integral; la promoción y liderazgo de estrategias y acciones de comunicación que fomenten la reflexión sobre estos temas; la armonización de las acciones del Sistema Nacional con las políticas nacionales y sectoriales, así como con las estrategias y programas relacionados con la construcción de ciudadanía, la convivencia
escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
Por otra parte, esta Ley ordena crear una Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, que “define los procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes en las instituciones educativas”.
La aprobación de esta Ley también le da vía libre a la creación de un Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, con el que se identificarán, registrarán y seguirán los casos de violencia escolar, acoso y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los estudiantes. La información que reporte el Sistema servirá de base en la toma de decisiones y para la reorientación de estrategias y programas que fomenten la convivencia escolar y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Finalmente, esta Ley prevé sanciones en relación con la omisión, el incumplimiento o retraso en la implementación de la Ruta o en el funcionamiento del Sistema, así como incentivos para los establecimientos educativos que logren, a través de las herramientas que la misma ley genera, mejorar la convivencia escolar.
Reglamentación participativa de la ley
Cumpliendo los compromisos asumidos en el marco de dicha Ley, el Ministerio de Educación Nacional adelantó un proceso de reglamentación participativa de la misma con diferentes actores de los niveles nacional, territorial y local, quienes por disposiciones de la citada ley deben asumir responsabilidades en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
En consecuencia, el Ministerio realizó siete jornadas regionales consultivas en las que participaron más de 1.000 personas, entre estudiantes, docentes, orientadores, directivos docentes, padres de familia, personeros estudiantiles y miembros de los comités territoriales de convivencia escolar de las 94 Secretarías de Educación, entre otros. En estos encuentros regionales se identificaron los principales aspectos que deben fortalecerse para la aplicación del decreto que reglamenta la Ley y que vale la pena destacar:
- La vinculación más decidida de la familia en los procesos de formación de los niños, niñas y adolescentes.
- El alcance que todas las entidades del gobierno que hacemos parte del Sistema Nacional debemos tener para prevenir y atender oportuna y eficazmente las diversas situaciones que afecten la convivencia escolar.
- El diseño de la Ruta de Atención Integral, que evidencie las diversas situaciones que afectan la convivencia escolar, para que no se confunda la intimidación escolar o el llamado “bullying” con otro tipo de comportamientos y, en consecuencia, se diseñen e implementen protocolos distintos para resolver cada caso.
- La importancia de definir más claramente los factores que generan violencia en los colegios para saber cómo actuar y a dónde se debe acudir para resolverlos de manera adecuada.
El Ministerio de Educación adelantará acciones para seguir acompañando a las Secretarias de Educación en la tarea de formar para la ciudadanía para mejorar la convivencia escolar y la calidad de vida de los estudiantes”.
Entre todos dimensionar el enorme reto que tiene Colombia en convivencia y formación ciudadana y que rebasa las fronteras de los colegios.
Estas opiniones fueron un valioso insumo para la definición del decreto reglamentario de la Ley, que se dará a conocer al país en el marco de la Semana por la Paz, y del cual se desprenderán una serie de acciones que el Ministerio de Educación adelantará para seguir acompañando a las Secretarias de Educación en la tarea de formar para la ciudadanía y mejorar la convivencia escolar.
Adicionalmente, a partir de la información que ha surgido de estos encuentros, el Ministerio adelanta la definición de unos lineamientos pedagógicos que le permitan a la comunidad educativa fortalecer los procesos directivos y escolares para el ajuste de los manuales de convivencia, la aplicación de la Ruta de Atención y, en general, la consolidación de la convivencia escolar.
La formación ciudadana, una prioridad
El Ministerio es consciente de que la Ley y su decreto reglamentario son una gran contribución para fortalecer y potenciar lo que en materia de formación para la ciudadanía se está haciendo desde hace un tiempo. Estas acciones se suman a la gran inversión de recursos que el Gobierno Nacional aprobó, gracias a un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 12 millones de dólares, para financiar proyectos en 55 Secretarías de Educación y 72 Escuelas Normales Superiores, así como procesos de investigación y formación de docentes alrededor de las competencias ciudadanas y el ejercicio de los Derechos Humanos.
De igual manera, se avanza en el levantamiento de una línea de base que permitirá medir indicadores de clima escolar y competencias ciudadanas, y en la definición de estrategias de uso pedagógico de los resultados de la evaluación censal de competencias ciudadanas en las Pruebas Saber 5o y 9o, que se adelantó con los estudiantes de estos grados después de una década y cuyas cifras ya fueron socializadas con las Secretarías de Educación de todo el país. Esta información permitirá al sector educativo tomar decisiones en materia de política más cercanas al contexto local, para entre todos dimensionar el enorme reto que tiene Colombia en convivencia y formación ciudadana y que rebasa las fronteras de los colegios.
Sabemos que tenemos mucho camino por recorrer para mitigar y erradicar todos los factores que afectan la convivencia escolar, pero estamos seguros de que esta Ley y el decreto que la reglamenta son un paso muy importante que da el país para articular acciones que reconozcan no solo la responsabilidad que en esta materia tienen diversos actores, sino también la diversidad y complejidad de los aspectos estructurales y culturales que en nuestro país determinan o inciden en la convivencia escolar.
La apuesta del Ministerio de Educación Nacional es por una educación de calidad, concebida como aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz”.
