Colombia, como muchos países alrededor del mundo, enfrentó desafíos económicos y sociales, sin precedentes, entre los años 2020 y 2022. La pandemia del COVID-19 exacerbó las vulnerabilidades económicas preexistentes, y la población colombiana experimentó una serie de transformaciones en la dinámica de la pobreza, muy contrarias a la tendencia de los años previos a esta crisis global.
El año 2020 marcó un punto de inflexión crítico para las familias colombianas. El país se enfrentó a confinamientos prolongados y restricciones comerciales, para contener la propagación del virus, lo que resultó en una caída significativa del Producto Interno Bruto (PIB) y una disminución en la generación del empleo formal. Según la encuesta Pulso social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los hogares que contaban con niños, niñas o adolescentes sufrieron de manera más crítica los efectos de la pandemia. En el segundo trimestre de 2020, el 64% de estas familias sentía que su situación económica era peor con referencia a la vivida hacía un año, y solo el 7.3% tenía alguna posibilidad de ahorrar alguna parte de sus ingresos mensuales.
Estas condiciones llevaron a un aumento pronunciado en la pobreza. Evidentemente, esto fue un fenómeno global; pero, para Colombia significó un retroceso, de casi una década, de lentos, aunque continuos, avances en la lucha contra la pobreza (manteniendo la deuda social, en términos de reducción de brechas poblacionales e inequidades).
Según el DANE, la pobreza monetaria aumentó del 35,7% en 2019 al 42,5% en 2020. Poco a poco —con la llegada de las vacunas, la reactivación económica y los efectos rebote de la economía—, se ha visto una recuperación en las cifras. En 2020, la pobreza monetaria bajó al 39.3% y en 2022 al 36.6%; dato muy cercano a la situación pre-pandémica.
En medio de estos análisis, la atención, casi siempre, estuvo centrada en factores como el empleo, la informalidad y la capacidad de generación de ingresos de los y las jefes/as de hogar; no siempre, se entendieron las implicaciones que tuvieron estos sucesos, en la vida del resto de los/as integrantes del hogar.
Más de la mitad de los niños, las niñas y adolescentes en Colombia vivían en hogares en situación de pobreza monetaria: el 55.8% en 2020, el 54.5% en 2021 y el 52.3% en 2022 1. Esto significa que la vida de más de siete millones de niños, niñas y adolescentes dependía de los ingresos insuficientes de sus padres, madres o cuidadores, los cuales no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas.
La diferencia entre la incidencia de la pobreza total y la pobreza de niños y niñas fue de 15.2 puntos porcentuales en 2021, y 15.7 en 2022. Esta gran diferencia pone en evidencia la alta vulnerabilidad en la que vivían los niños y las niñas de estas familias. Suele ser este grupo poblacional quien está más expuesto y afectado, de manera crítica, ante los choques económicos o sociales que deben afrontar sus familias (por ejemplo, la crisis por la pandemia del COVID-19). Está en la infancia ser el motor de capital humano que pueda, en el mediano plazo, jalonar a su hogar fuera de la pobreza. Cabe anotar que, a pesar de este potencial, son los niños y las niñas quienes se ven afectados/as de manera más crítica, ante las privaciones y las necesidades básicas que afronta un hogar en condición de pobreza extrema; lo que tiene repercusiones que perduran a lo largo de toda su vida. Esta es una gran diferencia frente a las personas adultas, quienes de alguna u otra manera tienen mayor autonomía para encarar y mitigar las afectaciones que suceden en su vida, derivadas de los choques económicos y las crisis sociales.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece, en su artículo 26, que los Estados parte “reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, y adoptarán las medidas necesarias para la realización de este derecho”, y en su artículo 27, establece que “se reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado” para su desarrollo integral.
Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) —particularmente el ODS 1, Fin de la pobreza y el ODS 10, Reducción de las desigualdades— ponen en el centro de la agenda la puesta en práctica de sistemas, de marcos normativos y de medidas de protección social equitativas e inclusivas, con énfasis en los/as más pobres y vulnerables.
Más allá de la pobreza entendida como la falta de ingresos en el hogar, merece la pena abordarla, también, desde un punto de vista multidimensional, y centrarnos, específicamente, en las vidas de niños, niñas y adolescentes.
Similar a lo ya mencionado en cuanto a la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional también tuvo alteraciones en medio de la pandemia, pero con dinámicas diferentes. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 2 pasó de 17.5% en 2019 a 18.1% en 2020, para luego retroceder al 16% y 12.9% en 2021 y 2022, respectivamente. De nuevo, una primera lectura alentadora de este fenómeno post-pandemia invisibiliza las vivencias de los niños y las niñas que pertenecen a estos hogares. En 2020, el 26.1% de los niños y las niñas vivía en estos hogares altamente privativos. Para ese año, la diferencia entre el IPM total de todo el país, y la incidencia específica en menores de edad fue de 8 puntos porcentuales. Para 2022, la incidencia en niños y niñas fue de 17.9%, frente el 12.9% del total nacional 3. Aunque la brecha se redujo hasta 5 puntos porcentuales, sigue reflejando una sobre-representación de los más pequeños, dentro de los hogares con mayores privaciones del país.
“Una cuarta parte de los niños y las niñas en los municipios más alejados del país se vieron obligados a dejar la escuela, debido a que no contaban con alternativas, ni opciones, ni recursos propios o institucionales, para garantizar que sus trayectorias educativas no se vieran truncadas en medio de la pandemia.”
El análisis por variable, que compone el IPM, muestra que en 12 de los 15 indicadores, la privación para los hogares con niñas, niños y adolescentes es superior a aquellos que no cuentan entre sus integrantes con este grupo poblacional.
Un dato relevante —que solo quedó como anécdota nacional— fue el cambio abrupto que tuvo la inasistencia escolar, en el primer año de pandemia. Según las estimaciones hechas por el DANE a partir de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y de una valiosa validación cruzada con el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), la inasistencia escolar pasó de 2.7% en 2019, a 16.4% en 2020. En las zonas rurales, pasó del 4.6% al 30.1%; esto significa un aumento de 25 puntos porcentuales. Una cuarta parte de los niños y las niñas en los municipios más alejados del país se vieron obligados a dejar la escuela, debido a que no contaban con alternativas, ni opciones, ni recursos propios o institucionales, para garantizar que sus trayectorias educativas no se vieran truncadas en medio de la pandemia. Este es solo uno de los reflejos de la manera diferenciada y desproporcionada en que la vida de un niño o una niña en condiciones de pobreza, se ve vulnerada ante choques externos, como lo fue la crisis sanitaria global.
En el trascurso de 2022 y lo que va de 2023, la tendencia en la recuperación de los indicadores de pobreza continúa. La economía colombiana ha seguido un proceso de recuperación, con un PIB en constante crecimiento. Aunque el país aún enfrenta desafíos significativos —como el control de la inflación y la lucha frontal contra factores estructurales de desigualdad—, los esfuerzos gubernamentales y el amplio capital social de la ciudadanía colombiana han jugado un papel crucial en la disminución de la pobreza. Los niños y las niñas, más que ningún otro grupo poblacional, han demostrado ser los/as actores/as más resilientes dentro de las familias y sus comunidades.
Para lograr que la recuperación económica sea sostenida y venga acompañada de logros en justicia social, deben fortalecerse políticas que reflejen un compromiso de Estado, por la garantía de los derechos de aquellas poblaciones, quienes se han visto afectadas de manera desproporcionada por las crisis, y que, en medio de todo, podrían ser la clave para lograr la sostenibilidad de los buenos resultados del presente, a lo largo de varias generaciones… Encontrar y ayudar a niñas, niños y adolescentes que viven en la mayor vulnerabilidad, es la única alternativa para romper los ciclos de pobreza intergeneracionales.
La inversión en educación, el acceso a servicios de salud y los programas de apoyo a las poblaciones más vulnerables serán cruciales en el camino hacia una Colombia más próspera y equitativa. El fortalecimiento de la infraestructura social y económica se presenta como una prioridad, para asegurar que la lenta, pero continua recuperación se mantenga en el tiempo, se expanda en los años venideros y se encauce de nuevo hacia el logro del ODS 1. RM
1 Cálculos de UNICEF y el DANE a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2019-2022.
2 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es un indicador compuesto que permite al gobierno Nacional identificar los niveles de pobreza desde cinco dimensiones: i) condiciones educativas del hogar; ii) condiciones de la niñez y la juventud; iii) salud; iv) trabajo; v) acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. La unidad de análisis es el hogar, lo que permite al modelo generar estimaciones poblacionales y cálculos de incidencia por grupos de edad.
3 Cálculos de UNICEF y el DANE a partir de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2019-2022
