Escrito por Ana Capilla, delegada del Ministerio de educación de España. Muestra los desafíos que afrontó este país con temas como la interculturalidad y universalización y su más reciente reto: evaluación externa.
Uno de los grandes retos a los que se enfrentó la transición política en España fue el de la universalización de la educación, que se consideraba, además, un requisito imprescindible para consolidar la incipiente democracia española.
Cumplir el mandato del artículo 27.4 de la Constitución de 1978, que declara que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, exigió un notable esfuerzo inversor para dotar al sistema educativo de los recursos humanos y materiales necesarios. Treinta y cinco años después, el objetivo se ha superado con creces. Prácticamente el 100% de los niños de 3 años están escolarizados y España tiene una de las tasas más altas de la Unión Europea de escolarización en el tramo 0-3.
El siguiente desafío al que tiene que hacer frente de manera urgente la educación española es la mejora de la calidad de la enseñanza y de sus resultados.
El sistema educativo se ve lastrado por un abandono escolar que alcanza el 25%, esto es, una cuarta parte de los alumnos españoles no prosigue sus estudios más allá de la educación obligatoria o ni siquiera llega a concluir la misma. Este porcentaje dobla la media europea y nos sitúa muy lejos del compromiso asumido por España en el marco de la “Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. Conforme al mismo, ese año España debe haber conseguido reducir su abandono escolar al 15% (para el resto de países, que tienen unos niveles menos elevados de abandono, el objetivo es del 10%).
El siguiente desafío al que tiene que hacer frente de manera urgente la educación española es la mejora de la calidad de la enseñanza y de sus resultados.
La comparativa con los países de nuestro entorno de los resultados en las evaluaciones internacionales tampoco arroja perspectivas halagüeñas. En PISA 2009 España ocupó el puesto 26 de 34, y obtuvo 11 puntos menos que la media de la OCDE en lectura y 55 puntos menos que el país europeo con la mejor puntuación, Finlandia.
PISA 2009 también puso de manifiesto
que el porcentaje de alumnos españoles en los niveles altos de rendimiento está por debajo de la media de los países de nuestro entorno. En la competencia en la que se centraba PISA 2009, lectura, solo el 3.4% del alumnado español consiguió alcanzar dichos niveles frente al 7.6% de la media de la OCDE. Un dato que demuestra que hay un número importante de alumnos que están rindiendo por debajo de sus capacidades y, por tanto, que el sistema educativo español falla a la hora de conseguir que cada estudiante desarrolle todo su potencial.
Lo más preocupante, no obstante, es que España empeoró sus resultados y obtuvo 12 puntos menos que en PISA 2000, año en el que la prueba se centró también en lectura. Esto se produjo, además, en una década en el que el gasto educativo prácticamente se duplicó: pasó de 27.000 M€ en el año 2000 a 51.000 M€ en el año 2009.
Este notable incremento presupuestario no tuvo ningún efecto positivo en los resultados de PISA ni tampoco en el abandono escolar, que durante esos 10 años se estancó en torno al 30%. Lo cual se explica en la medida en que dicho gasto se destinó a factores que, según la evidencia, no son claves a la hora de mejorar la calidad de la educación, tales como el incremento de los salarios de los profesores (están por encima de la media de la OCDE), reducción del tamaño de las clases y de la ratio profesor/alumno (por debajo de la media de la OCDE y la UE21 en todos las etapas educativas), etc.
Resulta evidente que las debilidades actuales del sistema educativo español no se deben a una falta de recursos”.
De hecho, los pobres resultados de España en PISA contrastan con los indicadores de gasto, en los que España se sitúa por encima de la media. El gasto público de España por alumno en la educación pública es de 9.608 $, un 15% más que la OCDE y la UE21. El gasto por alumno como porcentaje del PIB per cápita es del 30%, también por encima de la media de la OCDE y la UE21.
Resulta evidente que las debilidades actuales del sistema educativo español no se deben a una falta de recursos. Estos fueron necesarios en su momento para construir un sistema educativo capaz de garantizar el derecho a la educación de todos los españoles. Ahora la clave es conseguir que esa educación sea de calidad y los alumnos obtengan el máximo aprovechamiento de sus años de escolarización.
Este cambio de enfoque es la base del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que las cortes españolas están tramitando actualmente y cuya aprobación definitiva se producirá previsiblemente en las próximas semanas.
El título del proyecto es toda una declaración de intenciones en sí misma y un guiño a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) aprobada por el anterior Ejecutivo popular en diciembre de 2002, pero que fue derogada con el cambio de gobierno de 2004 sin que llegara a entrar en vigor. Uno de los puntos que la LOMCE ha retomado de la LOCE es la apuesta por las evaluaciones como instrumento esencial para lograr la mejora de la calidad educativa.
El Informe de PISA 2009 indica que aquellos países que utilizan pruebas externas estandarizadas obtienen hasta 16 puntos más que aquellos que no las aplican. De ahí que la realización de estas pruebas se haya generalizado en la mayoría de los países de la OCDE en los últimos años.
Para España, no obstante, va a suponer una auténtica revolución, pues existe escasa “cultura de la evaluación”. La única prueba común a la que se someten hoy en día los alumnos españoles es la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que realizan quienes, al concluir el Bachillerato, quieren cursar estudios universitarios. No existe ningún examen similar a lo largo de los años de escolarización obligatoria.
Esto significa que durante casi 30 años la educación española ha carecido de herramientas fiables para conocer el grado de progreso de los alumnos en competencias y conocimientos. En consecuencia, durante todo ese tiempo, las autoridades educativas no han contado con la información necesaria para orientar adecuadamente sus políticas de acuerdo con las necesidades de los alumnos y del sistema. PISA 2000, aun tratándose de una prueba muestral, supuso el primer diagnóstico serio que se realizaba del sistema educativo español desde la llegada de la democracia.
La LOMCE prevé la realización de pruebas censales a nivel nacional en todas las etapas (Primaria, Secundaria y Bachillerato) que proporcionarán a los profesores y estudiantes información precisa sobre los objetivos que han de cumplirse al final de cada una de ellas, y garantizarán que todos los alumnos alcancen en cada etapa un determinado nivel de conocimiento y competencias. Estas evaluaciones también pretenden incentivar el esfuerzo de los alumnos, así como detectar deficiencias de aprendizaje de forma temprana.
La primera de las evaluaciones está prevista en 3o de Primaria (alumnos de 8 y 9 años) y se trata de una mera prueba diagnóstica, destinada a la detección precoz de dificultades en lectura, matemáticas y ciencia y tecnología. No tendrá efectos académicos.
La segunda de las evaluaciones se realizará en 4o de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y será necesario aprobarla para poder obtener el título de graduado en ESO. En la medida en que los alumnos en el último curso de la ESO van a poder elegir entre dos modalidades, una más académica orientada al Bachillerato y otra más práctica encaminada a la Formación Profesional (FP), habrá pruebas diferentes según si se quiere acceder al Bachillerato o a la FP.
Por último, también se prevé una evaluación final de Bachillerato que habrá que superar para obtener el título de bachiller. El título de bachiller será la llave de acceso a la universidad, por lo que desaparece la actual PAU. La misma se ha convertido en un serio obstáculo para los estudiantes extranjeros que quieren estudiar en las universidades españolas, pues se les exige también que aprueben la PAU. Con la LOMCE solo será necesario tener el título de bachiller o equivalente, un régimen similar al del resto de países europeos que contribuirá decisivamente a la internacionalización de las universidades españolas. Por este motivo se ha decidido adelantar su aplicación a todos los alumnos a partir del curso 2014/2015.
Las evaluaciones de la LOMCE se configuran, por lo tanto, como un instrumento de diagnóstico que ofrezca a las autoridades educativas, a los centros y a las familias información valiosa acerca de las fortalezas y debilidades del sistema educativo, así como del rendimiento individualizado de cada centro y alumno. En las etapas superiores las pruebas tienen, además, efectos académicos a fin de promover el valor del esfuerzo entre los estudiantes.
El carácter nacional de las evaluaciones previstas por la LOMCE atribuye a estas también un importante papel a la hora de lograr una menor dispersión de resultados entre las Comunidades Autónomas. El informe de la Unión Europea: “Mind the Gap. Education inequality across EU regions”, advierte que España es uno de los países europeos en los que se aprecia una mayor desigualdad territorial en el ámbito educativo. Otro aspecto sin duda muy preocupante del sistema educativo español al que la LOMCE quiere dar solución.
Con la LOMCE solo será necesario tener el título de bachiller o equivalente, un régimen similar al del resto de países europeos que contribuirá decisivamente a la internacionalización de las universidades españolas.
Por último, las evaluaciones y la mayor rendición de cuentas que estas implican son condición imprescindible y necesaria para desarrollar otro de los puntos fuertes de la LOMCE, la autonomía de los centros. Uno de los objetivos de la LOMCE es dotar de mayor flexibilidad a un sistema educativo que, en la actualidad, es absolutamente monolítico e incapaz de ofrecer una alternativa al 25% de jóvenes que se quedan descolgados del mismo. Para ello, la LOMCE no solo permite que haya distintas trayectorias, también quiere dejar en libertad a los centros para que desarrollen sus propios proyectos educativos. Se trata de reforzar a los docentes y dotarles de mayor capacidad de decisión. Al fin y al cabo son los que están más cerca de los alumnos y los que mejor pueden saber cómo estimularles y guiarles en su formación.
En conclusión, la LOMCE es la primera ley educativa española enfocada en la mejora de la calidad y, para ello, apuesta por medidas que han probado su eficacia en otros sistemas educativos de nuestro entorno, como la evaluación. El objetivo fundamental es elevar el nivel educativo en todas las etapas para evitar que, tal y como indican los resultados de PIACC, los titulados universitarios españoles tengan menos competencias que los estudiantes de Bachillerato o Formación Profesional coreanos.
No solo por las repercusiones que esto puede tener para el sistema productivo español y la competitividad de nuestro país sino porque, como afirma Andreas Schleicher, los adultos con niveles bajos de comprensión (la media española se sitúa en el nivel 2 de los 5 que componen la clasificación de PIACC) tienden a percibirse como objetos más que como actores en los procesos políticos.
Si la universalización de la educación fue una prioridad hace más de treinta y cinco años como garantía de estabilidad del sistema democrático, hoy en día la mejora de la calidad también debe serlo en la medida en que más calidad educativa se traduce en más calidad democrática.
Uno de los objetivos de la LOMCE es dotar de mayor flexibilidad a un sistema educativo que, en la actualidad, es absolutamente monolítico e incapaz de ofrecer una alternativa al 25% de jóvenes que se quedan descolgados del mismo”.
